Mitos económicos sobre el ELA y la Estadidad

Mitos económicos sobre el ELA y la Estadidad 29 de mayo de 2012 - Opinión, Política - Jaime Benson, Catedrático de Economía UPR “En Puerto Rico nuestras tasas de desempleo nunca bajaron de dos dígitos y logramos la distinción de ser la región de mayor desempleo y pobreza en Estados Unidos.” Foto: EL VOCERO / Archivo. Entre los múltiples factores que han contribuido a perpetuar nuestra centenaria condición territorial-colonial durante los pasados 60 años, se encuentra una diversidad de mitos sobre las supuestas grandes ventajas económicas del ELA vis a vis las enormes desventajas económicas de la Estadidad, que las elites coloniales han tenido relativo éxito en inculcar entre sectores considerables de la población. Quizás el mito de mayor peso e influencia al respecto, es el que atribuye a la llamada autonomía fiscal del ELA o a la exención parcial de Puerto Rico del pago de impuestos federales sobre algunos ingresos generados en Puerto Rico, el proceso acelerado de crecimiento económico, industrialización y modernización que experimentó Puerto Rico entre 1945 y 1972 y que propicio mejoras significativas en el nivel de vida de la población, así como reducciones considerables en los niveles de desempleo y pobreza. Se argumenta que con la fundación del ELA el 25 de julio de 1952, Puerto Rico conquistó la tan mentada autonomía fiscal que posibilitó el llamado ‘milagro económico’ por el cual la Isla se transformó, en unas décadas, de una región agrícola pobre a una moderna región industrial y prospera de Estados Unidos. Nada más lejos de realidad. El 25 de julio de 1952 la Constitución del Estado Libre Asociado, confeccionada por la Asamblea Constituyente, avalada por el electorado en referéndum y luego enmendada y aprobada por el Congreso federal, entró en vigencia dotándonos de una forma republicana de gobierno local. Cumpliendo pues con unos de los requisitos que históricamente el Congreso federal le ha exigido a los territorios para admitirlos como estados de la Unión. En la Constitución del ELA, adoptada a partir de dicha fecha, no existía ninguna cláusula o sección que nos confiriera tal autonomía fiscal o exención de impuestos federales. Mas aun, el que el Congreso vía la aprobación de la Ley 600 en el 1950, nos haya permitido redactar y tener nuestra propia Constitución, no implicó que renunciara a los poderes plenarios que tiene sobre nuestro territorio bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. Por ende, el que el Congreso federal le haya puesto el nombre de Estado Libre Asociado a nuestra relación territorial-colonial con Estados Unidos en 1952 y nos haya conferido nuestra propia Constitución, no tuvo nada que ver con la relativa autonomía fiscal o exención sobre algunos impuestos federales que ese mismo Congreso nos había concedido desde 1900 con la Ley Foraker, y que a través de los años ha ido precisando y modificando por medio de diversas leyes y estatutos tales como: la Ley Impositiva Corporativa (Corporate Tax Act) de 1909, la Ley de Impuestos sobre Ingresos (Revenue Act) de 1913, la sección 262 de la Ley de Impuestos sobre Ingresos (Revenue Act) de 1921 (que en 1954 se convierte en la Sección 931 y en 1976 en la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal), entre otros muchos estatutos. En fin, la llamada autonomía fiscal no se nos concedió al ponerle el nombre de ELA a nuestra condición territorial colonial en 1952, sino desde mucho antes y no tuvo nada que ver con la era de acelerado crecimiento e industrialización que experimentamos en la posguerra. La era de crecimiento acelerado e industrialización que experimentamos entre 1945 y 1972 se debió a múltiples otros factores. Entre estos el que Estados Unidos fue la única potencia industrial en el mundo que no fue destruida en el conflicto bélico y cuya infraestructura industrial-tecnológica quedó intacta al finalizar el mismo. La adopción del Plan Marshall para la reconstrucción de la devastada Europa y el Plan MacArthur para la reconstrucción de Japón, impulsaron la inversión manufacturera en todo Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico, para suplirle los bienes de capital y de consumo a Europa y Japón. A la vez, los nuevos arreglos institucionales que se gestaron como parte de los programas del Nuevo Trato por la administración de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos tales como: la institucionalización de la negociación colectiva, la creación de la red de seguridad social (el Seguro Social, el Seguro por Desempleo ) y el establecimiento del salario mínimo federal (los cuales fueron extendidos parcialmente a Puerto Rico), propiciaron la creación de una numerosa clase media asalariada que con su consumo de masas, fue absorbiendo los excedentes de los potentes sistemas manufactureros de producción en masa de bienes duraderos (automóviles, enseres electrodomésticos) de Estados Unidos. Puerto Rico participó de forma parcial y desigual de dicho ‘boom’ estadounidense dada su situación de inferioridad política y, por tanto, los resultados fueron igualmente parciales e insuficientes. Por nuestra falta de poder político (el no poder votar por el Presidente y carecer de una justa y proporcional representación congresional) las decisiones de política pública en Washington tomaban en cuenta a Puerto Rico solo de forma marginal y se discriminaba (como se sigue haciendo) contra nosotros en la asignación de los recursos federales. Con todo y ello, logramos tasas de crecimiento económico considerables (en el orden de 5% anual) y nos industrializamos, pero nos quedamos cortos gracias a nuestra condición colonial. Mientras en los 50 estados se lograba la situación de pleno empleo del recurso humano (tasas de desempleo entre 4 y 5 %), en Puerto Rico nuestras tasas de desempleo nunca bajaron de dos dígitos (10.3% fue la más baja) y logramos la distinción de ser la región de mayor desempleo y pobreza en Estados Unidos. Y ello con todo y la llamada autonomía fiscal. El ‘boom’ estadounidense llegó a su fin a mediados de la década del 60 del siglo pasado y el modelo de desarrollo de Puerto Rico cayó en estado comatoso a principios del 70, con todo y la doble exención contributiva local y federal a la inversión manufacturera estadounidense. Al rescate vinieron el programa de cupones de alimentos federal (welfare para los pobres y la clase media asalariada), lo que nos libró de una catástrofe social , económica y política de mayores proporciones y la Sección 936 (welfare corporativo), que lo único que logró fue desacelerar el ritmo de la sangría de empleos. Entre 1976 y 1996, nuestras tasas de crecimiento económico promediaron un 2.3% anual (vs. 5% entre 1950 y 1972) y nuestras tasas de desempleo un 17% anual (vs. 12% entre 1950 y 1972). Gran hazaña para la mentada autonomía fiscal y la añorada Sección 936. A los mitos económicos sobre las ventajas económicas del ELA siempre se le añaden los mitos sobre las alegadas marcadas desventajas económicas de la Estadidad. Qué si la triple tributación (federal, estatal y municipal) nos llevará a la ruina. En la ruina nos encontramos ya bajo el ELA colonial. Puerto Rico es la región donde el ciudadano promedio paga las tasas impositivas efectivas más altas, así como la región con mayor desempleo y pobreza en todo Estados Unidos. Traten de venderle la historia de la ruina económica que conllevaría la Estadidad a los más de 4 millones de boricuas que se vieron obligados a emigrar a los 50 estados y que a la luz una mejor condición económica y mayor calidad de vida alcanzada por allá, no han regresado, no tienen planes de volver y solo vienen de paseo. http://www.vocero.com/mitos-economicos-sobre-el-ela-y-la-estadidad/